Una de las decisiones más significativas es la confirmación de la sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años a Isidoro Méndez Vargas, ex-docente de la Institución Educativa Divino Salvador, sede Villa Fernanda en el municipio de Altamira.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2018 y 2019, cuando Méndez Vargas, aprovechándose de su posición de autoridad, perpetró actos de abuso sexual contra cinco niñas menores de 14 años que asistían a sus clases.
La investigación disciplinaria reveló que Méndez Vargas utilizaba lugares poco concurridos dentro de la escuela, como el salón de cómputo y los baños, para asegurarse de que sus actos no fueran descubiertos. Las víctimas detallaron que el exdocente les tocaba y besaba los senos, la vagina y los glúteos, y en algunas ocasiones, las obligaba a tocar su miembro viril. Además, en un intento por mantener el control sobre las menores, les pedía que le enviaran fotos por celular y les aseguraba que “lo que pasa en la escuela se queda en la escuela.”
La Procuraduría, mediante su estrategia “Promujeres,” ha destacado la importancia de intervenir y disciplinar las violencias en razón del género y el sexo desde un enfoque de derechos humanos. Esta sanción, que envía un mensaje claro sobre la intolerancia hacia cualquier forma de abuso en las instituciones educativas, es un paso clave en la lucha por la protección de los derechos de las niñas y adolescentes en el Huila.
A pesar de las alegaciones presentadas por la defensa, que sugerían posibles falsedades en las denuncias por parte de las madres de las menores, el Ministerio Público concluyó que las pruebas recaudadas eran suficientes y consistentes para establecer la culpabilidad de Méndez Vargas. No se encontraron evidencias que respaldaran las denuncias de intimidación referidas por el exdocente.
Con estas acciones, la Procuraduría General de la Nación refuerza su compromiso en la lucha contra la violencia sexual en las instituciones educativas y garantiza que los derechos de los menores sean protegidos de manera efectiva. Estas decisiones marcan un precedente importante para la justicia y la seguridad de los estudiantes en el departamento del Huila.
POR: Alfredo Carvajal
