La Procuraduría General de la Nación ha liderado una reunión de suma importancia con el equipo directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la cual se ha alertado sobre la inminente cesación de los servicios tecnológicos contratados por la entidad. Esta situación representa un riesgo significativo para los procesos de formación de más de ocho millones de aprendices en todo el país.
La Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha advertido que las diferentes sedes del SENA podrían enfrentar la interrupción de sus servicios a partir del próximo 31 de julio, fecha en la que vence el contrato actual que permite ofrecer los diversos programas de formación. Lamentablemente, dicho contrato ha alcanzado el límite máximo de adiciones, lo que impide su extensión.
La Procuraduría también ha señalado que el proceso de licitación en curso se encuentra suspendido, lo que agrava la situación. A esto se suma la incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para dar continuidad al programa de formación y la imposibilidad de cumplir con los términos de contratación sin interrumpir la prestación del servicio.
Ante esta crítica situación, el Ministerio Público ha solicitado a los directivos del SENA que establezcan mecanismos para garantizar la continuidad del servicio, así como que definan alternativas técnicas y elaboren un plan con posibles escenarios y contingencias que deberán ser abordadas a partir de agosto en caso de no ser factible evitar la interrupción de los servicios.
La Procuraduría ha enfatizado que mantendrá su labor de vigilancia para anticiparse a cualquier riesgo y ofrecerá su apoyo en los fines que las partes involucradas consideren pertinentes. Además, se resalta la necesidad de articular un plan que evite perjudicar a aquellos aprendices que se benefician de las valiosas iniciativas educativas y formativas que brinda el SENA.
