La Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia a los mandatarios territoriales del período 2020-2023, recordándoles que queda poco tiempo para suministrar y reportar ante el Ministerio Público y la ciudadanía las acciones y gestiones realizadas para garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esta rendición pública de cuentas territorial, establecida por mandato legal, debe ser realizada por alcaldes y gobernadores en todo el país.
El ente de control ha dispuesto de una herramienta de vigilancia para verificar el cumplimiento de cada fase del proceso de rendición pública de cuentas. Las primeras fases, de Sensibilización y alistamiento, y la segunda fase de Generación y análisis de información, deben ser cumplidas hasta el 21 de julio de 2023.
A medida que se acerca la fecha límite y tras tres meses de iniciado el proceso, la Procuraduría advierte que aproximadamente el 16,14% de las administraciones territoriales (183 alcaldías) no han entregado de manera completa la información requerida. Además, el 4,06% (34 entidades territoriales) no ha ingresado a la herramienta de vigilancia.
La Procuradora Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer insiste en que los mandatarios y mandatarias territoriales cumplan con la Directiva 004 de 2023 del Ministerio Público, que establece las obligaciones y orientaciones específicas para este proceso. Esto implica cumplir con los principios contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como garantizar la participación ciudadana.
Es fundamental que los mandatarios territoriales asuman su responsabilidad en la protección y promoción de los derechos de la infancia y la juventud, brindando información completa y transparente sobre las acciones llevadas a cabo en sus respectivas jurisdicciones. La Procuraduría continuará vigilando el proceso de rendición de cuentas y promoviendo la participación ciudadana en este importante ámbito.
